NUEVA YORK.- Un padre dominicano aguarda inútilmente que el gobierno le indemnice por la muerte de su hija, a pesar de haber obtenido un veredicto a su favor.
El 19 de octubre del 2011 un jurado concedió a Domingo Toribio un millón y medio de dólares como daños punitivos por la muerte de su hija Jannin Toribio, de tres años, el 26 de octubre de 1984.
La niña estaba con su niñera, Laura Sirgo, comprándose unos zapatos para su cumpleaños cuando los miembros de la "Mafia Cubana" lanzaron una bomba incendiaria al establecimiento. Ambas perecieron asfixiadas por el humo, víctimas inocentes de una lucha territorial entre rivales.
Toribio solicita que la indemnización sea pagada por los fondos requisados a José Miguel Battle, líder de la Mafia Cubana, y a sus cómplices, a los que el gobierno acusó y condenó en el 2004 por éste y otros crímenes y embargó sus bienes valorados en $1.5 billones.
Fue, precisamente, el gobierno el que contactó a la familia para que testificara en el juicio contra Battle: "Vinieron personalmente a mi casa para decirme que ya tenían el crucigrama resuelto, que los tenían presos y que nos necesitaban para testificar", dijo Toribio, que junto a su esposa, tuvo que desplazarse a Miami en varias ocasiones para el juicio.
Tras la condena de los acusados, la familia decidió presentar una demanda contra los bienes embargados a la Mafia Cubana como compensación por el sufrimiento de su hija y el suyo propio. "Eso no fue fácil, hasta el día de hoy lo llevamos en el corazón", declaró Toribio, que se muestra defraudado por el desinterés del gobierno y del Senador Charles Schumer, a quien acudieron a pedir ayuda para que mediara con el Departamento de Justicia (DOJ).
El DOJ —a través de Jennifer Shasky Calvery, Jefe de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero que son los que tienen los bienes requisados a la Mafia Cubana— ha denegado en varias ocasiones su petición. Entre sus alegaciones figuran que esos activos sólo están disponibles para las personas que pueden demostrar pérdida pecuniaria y que él puede recurrir a otros bienes de los demandados.
La abogada de Toribio, Lisa Pashkoff del bufete 'Massoud & Pashkoff' alega que el gobierno no tiene en cuenta sus argumentos: "todos los bienes de los acusados han sido requisados por el gobierno y, por lo tanto, no hay otros bienes disponibles".
El problema es que la Ley RICO, contra el crimen organizado —por la que el gobierno se apropió de los bienes— no provee ningún derecho para las víctimas. Mientras que la ley cierra el agujero legal que permitía a personas ordenar crímenes y no ser juzgados por ellos, porque no los habían cometido, no tiene prevista la protección para sus víctimas.
"El gobierno tiene la opción, si quiere, de proveer de esos fondos para indemnizar a la familia Toribio", declaró Pashkoff.
Una posibilidad sería enmendar el estatuto incluyendo a las víctimas o presentar una ley particular a favor de Toribio reconociendo su reclamación ante el gobierno. Para lograrlo, Pashkoff contactó al Senador Charles Schumer.
En una primera conversación con la oficina del Senador nos respondieron que no habían podido hacer nada, ya que no existía una orden judicial. EL DIARIO LA PRENSA transmitió copia del veredicto y la decisión del juez y la oficina del Senador envió un comunicado: "Continuaremos luchando a favor del Señor Toribio y vamos a pedir al Departamento de Justicia que reconsidere el caso".
Fuente: EL DIARIO
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